Estas personas al parecer se dedicaban a la extorsión, en primer lugar, a empresas de transporte intermunicipal, a las cuales supuestamente les cobraban dinero para dejar transitar sus vehículos o de lo contrario quemaban los buses.

«Estos actos de terrorismo luego los atribuían a las disidencias de las Farc. Dentro de los hechos investigados que se les atribuyen, está el del 28 de mayo de 2020, cuando aparentemente incendiaron un bus de servicio público en la Calle 48 Q con carrera 1 A sur de la ciudad», indicó el Director Seccional de Bogotá, José Manuel Martínez Malaver.

De acuerdo con la Fiscalía, señala que una segunda modalidad de extorsión funcionaba bajo el mando de dos personas conocidas como alias el Compa y el Viejo, quienes que se encuentran detenidos en la Cárcel de Valledupar, Cesar, desde donde llamaban a representantes legales de diferentes empresas, en Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca, para hacer supuestos negocios.

«Después, las víctimas eran citadas en lugares despoblados donde las secuestraban y mantenían retenidas por varias horas, mientras a sus familiares los extorsionaban y si no pagaban, les hurtaban las pertenencias. Tales secuestros los adjudicaban al ELN», añadió el ente investigador.

«A este grupo delincuencial se le atribuyen un intento de homicidio ocurrido el 5 de junio último, cinco secuestros extorsivos en los meses de julio y agosto de este año, y el lanzamiento de una granada de fragmentación en el municipio de Soacha el 31 de julio reciente contra un vehículo de la Sijín, afectando tres investigadores», señaló Martínez Malaver.

En audiencias concentradas, el ente acusador les formuló imputación por los delitos de terrorismo, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; incendio, tentativa de homicidio agravado, secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, parte o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas; y concierto para delinquir.

Cargos que no fueron aceptados por los procesados. Aún así el juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de las 8 personas.

Por redaccion

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