La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, a través de un comunicado dio a conocer que fueron incautados 8 inmuebles con fines de extinción del derecho de dominio al senador Armando Alberto Benedetti. Rubí Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso y Luis Alberto Nicolella de Caro.
Estos bienes urbanos están ubicados en la ciudad de Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y en Villavicencio (Meta). De la misma manera, se afectaron con medida cautelar 100 millones de pesos, al parecer, correspondientes a un leasing financiero contratado por Benedetti Villaneda.
Los predios afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro están avaluadas en más de $8.000 millones, evidenciando un incremento patrimonial injustificado.
La ocupación de la Fiscalía llegó a tres lotes ubicados en Puerto Colombia, adquiridos por la cónyuge del Senador, de quien se identificaron incrementos patrimoniales injustificados en la misma época de adquisición de tales bienes.
Así como otros inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá y Villavicencio, en cabeza de la señora Ruby Corredor Ruiz y su hija. Los bienes afectados serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Las incautaciones fueron hechas por la Fiscalía con base en una solicitud que hizo la sala de instrucción de la Corte Suprema en el marco de las investigaciones adelantadas en contra de Benedetti y a raíz de las cuales se obtuvo información según la cual el senador realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido justificar.
A estas acciones se habría sumado Ruby Corredor, a nombre de quien figura un inmueble por $1.600 millones, enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), para la época en la que dicha entidad era investigada por los entes de control tras actuaciones irregulares que afectaron las finanzas de la administración pública.
En el caso del apartamento del norte de Bogotá, la Fiscalía reveló que figura a nombre de Ruby Corredor Ruiz, quien adquirió el inmueble en subasta de la antigua Dirección de Estupefacientes. La mujer fue interrogada por la Corte Suprema que investiga al senador y aseguró que adquirió el apartamento para vivir en él, pero tan solo cinco días después se lo vendió al congresista.