La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó su Informe Mundial sobre Drogas 2025, en el que advierte que Colombia lidera la producción global de cocaína, con cifras sin precedentes. En 2023, el país registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que representa el 67% del total mundial, y produjo 3.708 toneladas métricas de cocaína pura, un aumento del 34% respecto al año anterior.
El informe atribuye este crecimiento a la expansión de los cultivos en zonas de alto rendimiento, el perfeccionamiento de los métodos de procesamiento y la concentración se presentó especialmente en el suroeste del país, donde las disidencias de las Farc, que no firmaron el acuerdo de paz, ejercen control territorial y dominan el negocio del narcotráfico.
Además, se destaca que la eficiencia por hectárea se ha duplicado en la última década, lo que ha potenciado la capacidad de producción. El informe también señala que las incautaciones globales de cocaína llegaron a un máximo histórico de 2.275 toneladas en 2023, reflejo tanto del incremento en el tráfico como del fortalecimiento de las operaciones de interdicción.
Reacción del Gobierno colombiano
El presidente Gustavo Petro y su equipo han defendido un enfoque centrado en la interdicción, la sustitución voluntaria de cultivos y el desarrollo rural, alejándose de la erradicación forzosa. Sin embargo, el informe de la ONU ha generado preocupación internacional, especialmente en Estados Unidos, que evalúa la continuidad de la certificación antidrogas para Colombia3.
Implicaciones globales
El aumento en la producción ha ido de la mano con un crecimiento del consumo: 25 millones de personas consumieron cocaína en 2023, frente a 17 millones hace una década. Las rutas del narcotráfico también se han diversificado, con destinos que incluyen Europa del Este, África Occidental y Asia.
Este panorama plantea retos urgentes para las políticas públicas, la cooperación internacional y la protección de las comunidades afectadas por el narcotráfico. Colombia se encuentra en el centro de un debate global que exige respuestas integrales, sostenibles y centradas en los derechos humanos.