Este viernes un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura contra el Gobernador de Antioquia Anibal Gaviria Correa, por presuntas irregularidades en contratación.
“Las irregularidades las habría cometido el mandatario cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007. Incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”, dijo el fiscal general, Francisco Barbosa.
El contrato en cuestión tenía por objeto el mejoramiento de la vía Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia) suscrito en el 2005 por un valor de $41.663’432.778 y el cual se firmó con el Consorcio Troncal de la Paz. Para la Fiscalía el gobernador era el ordenador del gasto y aunque hubiera delegado la contratación, el mandatario tenía la responsabilidad de estar pendiente de este contrato.
Según el ente acusador indicó que «la decisión fue comunicada el día de hoy al Presidente para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia».
Esta investigación hace parte del antiguo sistema, situación que resolverá el Fiscal del caso, quien en esta oportunidad decidió la captura de Gaviria Correa, mientras continúan investigando, y después determinaran si lo llaman a juicio.
Gaviria, el pasado 16 de abril fue escuchado en indagatoria por un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por los contratos durante su tiempo en la pasada gobernación en Antioquia.
Además, el jefe del ente acusador señala que «Gaviria incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros».
Barbosa indicó que se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. «Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia», indicó Barbosa.
Por otra parte, dicha investigación se pudo evidenciar que se hicieron dos acciones al contrato inicial, la cual tampoco habría atendido los principios esenciales de la contratación pública.
Una, representó cerca de 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).
La indagatoria se desarrolló de manera virtual, atendiendo los protocolos por la emergencia sanitaria que ha originado el coronavirus.