El Gobierno Nacional expidió el Decreto 546 del 14 de abril, el cual «Adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión y detención domiciliaria».
Decreto que permite la salida de 4 mil reclusos de cárceles del país para evitar la propagación y el contagio de la pandemia del COVID – 19, como los hacinamientos entre los reclusos.
«Tiene un gran sentido humanitario para que las personas que puedan estar expuestas, con mayor vulnerabilidad, al virus (covid-19), puedan salir de la reclusión intramural carcelaria y pasar a reclusión domiciliaria, mejorando sus condiciones de protección en términos de salud”, expresó el mandatario.
Norma que ya empezó a regir y establece beneficios a los internos que podrán tener casa por cárcel durante seis meses para los internos mayores de 60 años que estén condenados por delitos explícitamente excluidos, madres gestantes, los condenados a penas a cinco años o menos y madres con hijos de menores de tres años.
«El acceso carnal, la violación de niños, la violación de mujeres”, y agregó que “yo sí fui muy claro que por esos delitos no podemos dejar que nadie salga, porque tenemos que ser ejemplarizantes frente a esas conductas”, afirmó el presidente.
Pero este decreto ha generado múltiples reacciones, no discrimina entre detenciones preventivas y condenados, pero en algunos resultó discriminatorio y podría aumentar la criminalidad, por lo que no todas las personas que saldrían cuentan con los recursos necesarios para auto-sostenerse.
Así, como en otros sectores, no están de acuerdo porque sólo se están beneficiando sólo 4 mil internos, es decir, el 4% aproximadamente de la población carcelaria, el cual supera el 87% de los reclusos