A solicitud de la Fiscalía, fue ordenada la medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra la docente Nohora Stella Abril Fuentes de 41 años, por su presunta responsabilidad en la muerte de su ex compañero sentimental y padre de su hijo, hechos que se registraron en mayo de 2015, en el municipio de Yopal, Casanare.
De acuerdo a la investigación del Cuerpo Técnico de Investigación, la muerte de Álvaro Ramírez de 59 años, era funcionario y dirigente de la Gobernación de Casanare se produjo en su lugar de residencia.
Al parecer, hasta la casa de Ramírez Montaña habrían llegado 3 hombres y una mujer, los cuales se hicieron pasar como funcionarios del ICBF y, al ingresar estas personas a la vivienda, la víctima fue atado de pies y manos junto a uno de sus hijos que se encontraba en el lugar.
Luego, estos sujetos registraron la casa, donde hurtaron 35 millones de pesos, documentos y el celular de la víctima, quien fue agredido con arma de fuego, causándole la muerte, y emprendieron la huida.
Algunas de las evidencias mostrarían que Nohora Abril, en compañía de una persona, contactó a quien presuntamente sería un integrante de la fuerza pública a quien le habría entregado 50 millones por el homicidio de Álvaro Ramírez, padre de su hijo, entonces de 14 años.
Los documentos que fueron hurtados del lugar de residencia de Montaña, presuntamente tendría relación con el proceso de custodia del hijo que ellos tenían en común, y con la disolución de la sociedad patrimonial de hecho que se adelantaba.
Ante el Juzgado 2° Penal Municipal con función de control de garantías la Fiscalía le imputó cargos contra Nohora Stella Abril Fuentes por los delitos de homicidio agravado en concurso de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y hurto calificado y agravado. Los cuales no fueron aceptados por la hoy acusada.
El señor Saúl Saavedra Achagua, quien se encuentra detenido por otros delitos y hace parte de este proceso, se le identifica como a la persona que al parecer se le entregó el dinero para que se cometiera el ilícito.
Ante la decisión del juez, la Fiscalía le solicitó a las autoridades penitenciarias y a las salud de revisar el estado de salud de la imputada para garantizar que se encuentre en buenas condiciones, para proceder con el traslado al lugar de detención.