Fue presentado este lunes ante el Consejo de Estado una solicitud de Pérdida de Investidura contra el Senador Gustavo Francisco Petro Urrego, la cual fue radicada por el abogado José Manuel Abuchaibe, quien hace algunos meses también había interpuesto una demanda contra Antanas Mockus.
El documento que conoció Noticias Prensa Independiente, en la que expone dos causales en las que incurre el actual Senador, Gustavo Petro, son:
“La primera es por estar incurso en una de las causales del artículo 183 de la Constitución Política que señala que los congresistas perderán su investidura cuando incurran en violación al régimen de incompatibilidades al incumplir algunos de los deberes inherentes a la dignidad del cargo”, lo que resumo de la siguiente forma:
“¿Puede un Senador de la República de Colombia irrespetar a las autoridades legítimamente constituidas como lo son el Presidente, Fiscal, Registrador y Alcalde de Bogotá, declarando no reconocer legitimidad en el Presidente Duque por haber sido elegido por el narcotráfico y solicitando a la comunidad desobediencia civil y dejar de pagar los servicios públicos?”.
De acuerdo con el abogado Abuchaibe quien tiene su argumento sobre el Senador Petro, que estas acusaciones las podría hacer pero despojado de su condición como de Senador, por lo cual debió a ver renunciado.
La demanda hace referencia que la libertad de expresión constituye un componente fundamental del ejercicio de la democracia en la que a su vez permite control para quien ejerce este poder a los miembros del Congreso de la República. “inviolabilidad que es pertinente siempre y cuando esas expresiones de Petro fueran realizadas en ejercicio de sus funciones como Senador y dentro de una sesión del Congreso, pero lo hace por fuera, aprovechando su condición de Senador y su alta influencia en la comunidad, creando sin lugar a dudas situaciones que desbordan el orden jurídico”.
En la demanda también señala sobre una investigación que hace algunos días le fue abierta contra Petro:
“En la indagación realizada por el CNE con los donantes que aparecían en la campaña de Gustavo Petro, encontraron que cinco figuraban en el SIGEP como servidores públicos. Por esa razón, oficiaron a las entidades a las que estaban vinculadas esas personas, para saber si para la época de la donación todavía se desempeñaban como tales encontrando que tres de esas cinco personas seguían siendo servidores públicos al momento de donar”, se lee en el documento.
Continúa “una docente de Cartagena dio 95 mil pesos, otro, docente de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia que donó 120 mil pesos y la tercera, una empleada de la Contraloría General que donó 150 mil pesos a la campaña en la primera vuelta. A pesar de que el monto sea de un poco más de 300 mil pesos, está claro que la Constitución y la ley no establece un monto para la prohibición de los servidores públicos para donar dinero a las campañas”.
El abogado Abuchaibe espera que en un término no mayor a 10 meses se pueda conocer una decisión judicial.
A continuación podrá conocer el documento de la demanda.