A través de la Seccional Cundinamarca, en un trabajo coordinado con la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) se logró la desarticulación de una estructura delincuencial dedicada al fraude pensional.
El trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía General permitió la judicialización de 11 personas, de las cuales nueve aceptaron su responsabilidad en los hechos descritos por el ente acusador.
Entre los afectados con la medida privativa de la libertad estarían funcionarios de la Rama Judicial de Barranquilla como jueces, secretarios, sustanciadores, notificadores, abogados, pensionados y servidores del antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS), otros lo son de Colpensiones.
La juez décima penal de control de garantías envió a detención domiciliaria para 10 de los imputados por el caso del desfalco millonario que se habría desarrollado entre los años 2009 y 2015, a esta entidad, quienes se allanaron a los cargos.
Además, dictó medida no privativa de la libertad para otro, dado los problemas de hacinamiento en los centros carcelarios y la crisis de salud por la pandemia del COVID – 19.
De acuerdo a la investigación se evidenció cómo los procesados habrían conformado una organización delictiva que de manera fraudulenta, y mediante demandas laborales, obtenían el reconocimiento de pensiones de vejez, invalidez o reliquidaciones, todo sin cumplir los requisitos de ley.
«Los implicados habrían falsificado documentos, cotizaciones y hojas de vida de supuestos pensionados para beneficiarse con millonarios pagos retroactivos de pensiones, sustentados en incrementos a sus mesadas. Cálculos preliminares dan cuenta de que el valor del fraude rondaría los 22 mil millones de pesos», manifestó la Fiscalía General.
La denuncia
Esta investigación se originó en una denuncia formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) que dio cuenta de un presunto desfalco en dos procesos en los que aparecen dos pensionados asesinados.
Los implicados fueron imputados como presuntos responsables de delitos como: prevaricato por acción y omisión, peculado por apropiación, concierto para delinquir, concusión, cohecho, infidelidad en los deberes profesionales y acceso abusivo a un sistema informático, según sus responsabilidades individuales.
William Eduardo Gerónimo Saltarín, quien fungía como sustanciados del juzgado catorce laboral del circuito de Barranquilla, a quien le fue imputado un solo delito cuya pena no es superior a cuatro años, fue el único cobijado con medida no privativa de la libertad.
La Juez indicó que «los procesados no podrán ejercer como abogados mientras se encuentren vinculados a al proceso y deberán comprometerse con su comparecencia».