Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia al gobernador de Putumayo, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en un contrato de adquisición de 10 ambulancias para atender pacientes y necesidades médicas ocasionadas por el COVID – 19.
Durante las audiencias de control de garantías, la Fiscalía señaló que el mandatario Buanerges Florencio Rosero Peña, decretó la calamidad pública en el departamento, cuatro días antes de la declaratoria de Emergencia
Económica Social y Ecológica, realizada por el Gobierno Nacional.
Al amparo del acto administrativo que se adelantó a cualquier marco normativo para atender la pandemia, la Gobernación de Putumayo, a través del secretario de salud, suscribió el contrato el cual están siendo investigado por un valor de $3.460.634.610.
«En las investigaciones la Fiscalía detectó un supuesto direccionamiento indebido para que la adquisición de los vehículos quedara en manos de un único proponente, Carrocería Innovas SAS; además de un sobrecosto por $1.064.626.310», señaló el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán.
El material de prueba también evidenció que el contratista, al parecer, no tenía disponibles las ambulancias medicalizadas para la fecha y plazo del contrato; sin embargo, habría recibido un anticipo del 50% del valor del contrato, en contravía de las normas, indicó el ente acusador.
Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó al gobernador Rosero Peña los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.