Tras evaluar la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA), la Contraloría General detectó 32 hallazgos fiscales por $7.441 millones en 7 departamentos del país, entre los que están Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima y Vichada.
Según el reporte del ente de control, señaló que todas las fuentes de recursos que financian los PDA y las actuaciones de las entidades competentes en su gestión, tanto del orden nacional como territorial.
“De todos los encontrados en estas actuaciones de fiscalización. Se trata de recursos cancelados por concepto de obras recibidas mediante actas parciales para la construcción del alcantarillado sanitario en los sectores de Cabañas, Barrio Sarie Bay y Barrio Modelo, que no se encuentran ejecutadas en su totalidad y, por lo tanto, no están funcionando”, señala el informe.
En este estudio, se evidenció que el mayor hallazgo fiscal se da en San Andrés ($2.712 millones), por un caso de obras recibidas que no se encuentran ejecutadas en su totalidad, mientras, los departamento que mayor número de hallazgos administrativos registraron fue Antioquia (21), seguido de Vaupés (18) y Vichada (15).
Por su parte, los hallazgos con presunta incidencia fiscal, se observa en el departamento de Vaupés que fue el que presentó el mayor número con esta connotación, con quince, seguido de Tolima, con siete.
El ente de control señaló que “con estos hallazgos, adicionalmente, se lograron 2 Beneficios de auditoría por valor de $1.418.138.375,25, y se determinó la necesidad de abrir cuatro indagaciones preliminares en cuantía estimada de $553.835.428”.
También la CGR encontró obras suspendidas por mucho tiempo, sobrecostos en la contratación, debilidades en los estudios previos y pólizas que no se hacen efectivas, son algunas de las irregularidades más frecuentes.
Además, se encuentran infraestructuras, bienes y servicios que no están en
funcionamiento o no prestan el servicio para el que fueron construidos o
adquiridos.
“La cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico en muchas regiones continúa siendo muy baja y persiste una significativa brecha urbano rural”, dijo la Contraloría.