Luego de 18 años de iniciar la asignación de subsidios de vivienda de interés social, que se realizó hasta el 2012, la Contraloría General indicó que aún se encuentran 22.284 sin legalizar, afectando a igual número de familias, integradas por más de 90.000 beneficiarios.
“Familias vulnerables y objeto de especial protección por parte del Estado, especialmente víctimas de desplazamiento forzado, con subsidios familiares de vivienda asignados desde hace alrededor de una década, continúan sin acceder a una casa digna y permanecen atadas a proyectos que presentan varios años de parálisis en su ejecución”, señaló el ente de control.
Durante la evaluación a la gestión de Fonvivienda para la legalización de los subsidios familiares de vivienda de interés social del programa Bolsas Anteriores, encontrando 25 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $4.434 millones, 18 con posible incidencia disciplinaria, 1 que da pie a una indagación preliminar y 2 para procesos administrativos sancionatorios.
Lo encontrado es parte de una Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico al programa Bolsas Anteriores que refiere a los subsidios de vivienda asignados en el marco legal a la Ley 1537 de 2012, la cual a su vez definió las normas para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, a título de subsidio en especie.
Asimismo, hay obras construidas que no prestan servicio alguno, asignación de subsidios a personas fallecidas y unos $7 mil millones depositados en fiducias que no cumplen su destinación.