La Policía Nacional resolvió destituir e inhabilitar por 11 años para ejercer cargo público a la patrullera Andrea Cortés, primera persona trans en la historia de la institución, «por apropiarse de pertenencia de particular en beneficio propio».
La prueba clave en este proceso que duro poco más de tres meses fue un video de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial, en el que se ve cómo Cortes toma uno de los productos y lo guarda en una bolsa.
«Se identifica que la funcionaria de la Policía (la patrullera Cortés), en un descuido de la señora (la regente de la farmacia), toma la crema del contorno de ojos y la mete en una bolsa (…) y se retira sin pagarla», se indicó en la lectura del fallo.
Cortes, en su defensa, aseguró que pagó todos los productos y lo que se ve en el video es a ella empacando la caja de gasas y unas pastillas para el dolor de cabeza que adquirió por un valor de 13.000 pesos.
En el fallo se precisó que, pese a que Cortés no se encontraba trabajando en el momento, portaba el uniforme de la Policía, por lo que debía mostrar un comportamiento ejemplar. Asimismo, se aseguró que no se le han violado derechos a la patrullera ni se le ha censurado por ser transgénero.
«Fueron transfóbicos, homofóbicos y racistas al haber violado los derechos fundamentales de Andrea Cortés», expresó el abogado Ellis William Reinel, apoderado de la patrullera manifestó que presentarán la revocatoria del fallo «para que sea la Procuraduría General la que se pronuncie».