La Contraloría General de la República estableció un presunto detrimento patrimonial, en cuantía de 12 millones 160 mil dólares americanos, que corresponden a una cifra cercana a los $58.103 millones de pesos de los recursos públicos comprometidos en la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer, Legacy 600 VIP, por parte de la Policía Nacional, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. en mayo de 2022.
Para el ente de control la compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, porque se priorizó la compra de un avión con unas características que no cumplen con el objetivo que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, y, así, redundar en una mejor prestación del servicio patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana, en cuanto a transporte de tropa y equipos.
El 27 de enero de 2022 la Policía – Dirección Antinarcóticos y la CIAC S.A. suscribieron el Convenio Derivado No. 1 a ese Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, con el objeto de aunar esfuerzos para la adquisición y entrega de seis aeronaves, entre ellas una tipo jet marca Embraer Legacy 600. El valor del Convenio Derivado No. 1 fue de 200.000 millones de pesos.
Para el 16 de mayo de 2022 la CIAC S.A. suscribió con el Consorcio Aeronaves PNC el contrato número GRAJU0092022 para la adquisición del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 por valor de USD $12.160.000.
La compra de este jet no estaba contemplada en los estudios de factibilidad, fortalecimiento y adquisición de los aviones por parte de la Policía Nacional. Por otro lado, se determinó que algunas empresas que hacen parte del consorcio con el cual se hizo el contrato no cumplen con la experiencia requerida pues tienen como actividad principal la construcción de otras obras de ingeniería civil.
«Las aeronaves no fueron suministradas por vendedores que se especializan en la compraventa de aeronaves, ya que las actividades económicas de los miembros de los consorcios seleccionados están relacionadas con el transporte aéreo nacional de pasajeros, la construcción de otras obras de ingeniería civil y el comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios», señaló la Contraloría.
La CGR agrega que: “En tal sentido, si la necesidad es transportar 50 policiales de manera simultánea a 10 lugares del territorio nacional, un avión ejecutivo tipo jet con capacidad de 13 pasajeros impide la atención de la necesidad en las condiciones planteadas por el Área de Aviación Policial”.