La Contraloría General de la República realizará una Actuación Especial de Fiscalización a los recursos públicos recaudados por concepto de la contribución para el uso de la infraestructura pública turística, que recibe el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, señaló el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez.
Con base en el seguimiento que viene realizando al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2012, preocupa que las actividades de pesca depredadora por parte de pescadores nicaragüenses, en el área otorgada por esa Corte, presenta una amenaza directa a los ecosistemas, al sostenimiento de los recursos naturales y a la seguridad alimentaria de las poblaciones costeras.
La CGR asume especialmente el conocimiento de la gestión fiscal relacionada con la contribución para el uso de la infraestructura pública turística, por parte de la Oficina de Control de Circulación y Residencia -OCCRE.
«Observamos que no existen garantías legales que otros Estados como Nicaragua, en este caso, exijan el respeto a las áreas y épocas de veda y tipos de pesca, control del tamaño y cantidad de especies capturadas, o protección de especies amenazadas o en vías de extinción, como son por ejemplo las tortugas marinas, la langosta espinosa, el caracol pala, el pargo y algunas especies de tiburones, entre otros», explicó el contralor general.
Se trata de una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial, la cual incluye la revisión del porcentaje para infraestructura en salud y dotación hospitalaria y de centros de salud. Así mismo, se evaluará la implementación de la plataforma tecnológica prevista para el recaudo eficiente de la contribución.
Para la Contraloría, el fallo de La Haya menospreció los derechos de la comunidad raizal, que depende de la pesca para su subsistencia, lo cual va en contravía de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las minorías, y justamente, la comunidad raizal ha sido reconocida como minoría étnica y ancestral y constituye casi que el 40% de la población del Archipiélago de San Andrés y Providencia.