Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Brigada Contra la Minería, la Policía de Carabineros y Sijin de Caldas, incautaron maquinaria y elementos con los que se realizaba explotación ilícita de yacimientos mineros, explotación realizada bajo la modalidad a cielo abierto, utilizando mangueras para la extracción de oro aluvial.
La operación tuvo lugar en zona rural de Norcasia, Caldas, donde soldados de Batallón de Infantería N.° 22 Batallón de Ayacucho, junto a las demás autoridades, realizaron labores de infiltración pedestre y de control contra la extracción ilícita de minerales, en donde se intervinieron siete unidades de producción minera donde se extraía oro. Las unidades de producción minera habían afectado aproximadamente seis hectáreas de capa vegetal y habían contaminado las fuentes hídricas que desembocan en el río Samaná.
«La incautación realizada en la vereda La Quiebra de Roque incluyó un motor de arrastre, 5 motores de combustión interna, 1870 metros de manguera, 30 canaletas de fabricación artesanal, 50 metros de malla expandida, 63 galones de ACPM, 10 boquillas para presión de agua y herramientas varias. El valor total de lo incautado supera los 28 millones de pesos y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes», indicaron las autoridades militares.
El aprovechamiento ilícito de minerales en estos municipios del oriente de Caldas se ha realizado sin contar con el título minero legal, estipulado en la Ley 685 de 2001, del Código de Minas. Afectando no solo los recursos naturales, sino también el bienestar y la seguridad de las familias que viven y se benefician legalmente de estas fuentes hídricas.
Se estima que en estas unidades de producción ilegal estarían extrayendo aproximadamente 630 gramos de oro mensuales, lo que equivale a un ingreso promedio por venta de 151 millones de pesos al mes, es decir, una afectación a las economías ilegales en más de 1800 millones de pesos.
La intervención conjunta del Ejército Nacional y la Policía logró reducir significativamente el impacto ambiental causado por la explotación ilícita de minerales en la región. Sin embargo, se destaca que la recuperación del daño ambiental requiere una inversión aproximada de 250 millones de pesos y podría llevar entre 10 a 15 años.