Un estudio de la Contraloría General de la República sobre los resultados de la implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR), piedra angular del Acuerdo Final de Paz, encontró que, si bien muestra un avance relativamente importante, aún no tiene vía libre para asegurar su efectivo cumplimiento.
Identificando así, «cuellos de botella» que afectan el cumplimiento de sus metas, dificultades institucionales que no se han podido superar, en este caso a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Este Plan, que debe favorecer a campesinos, comunidades étnicas y población afectada por la violencia y la pobreza, busca formalizar la propiedad rural, promover una distribución equitativa de la tierra y garantizar la seguridad jurídica.
Durante el período 2016 – 2023 se le asignaron recursos significativos del Presupuesto General de la Nación (en promedio $214.636 millones).
A hoy se han formalizado cerca de 1 millón 700 mil hectáreas y la meta del Acuerdo de Paz es formalizar 7 millones de hectáreas. Y, según los datos de la ANT, unas 51.522 familias han finalizado el trámite de formalización.
Largos tiempos de respuesta para los postulantes
El primer cuello de botella que tiene el Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural, se da por las inconsistencias que hay en el Registro de Sujetos de Ordenamiento de la Propiedad Rural, conocido como RESO, donde entran las personas que se quieren postular para formalizar su propiedad.
Desde su creación, en 2017, el RESO ha recibido 879.945 solicitudes, y un 83% han sido incluidas como potenciales beneficiarios de adjudicación y formalización de tierras y un 18% no han obtenido respuesta. Sin embargo, el 81% de las solicitudes se encuentran en la primera etapa del proceso.
Esto luce como una inconsistencia ya que se esperaría que alguien plenamente incluido hubiese superado todas las etapas. Adicionalmente, el 89% de las solicitudes en RESO carece de puntaje, el 7% se encuentra sin información y el 5% tiene puntajes superiores al máximo establecido (100).
El ente de control además identificó que «las solicitudes de inclusión en el RESO pendientes a la fecha de elaboración de este estudio (4/12/2023) superan los 1.254 días de espera y algunas solicitudes datan de más de tres años sin obtener una respuesta. Y, por otro lado, aquellos que fueron admitidos deben esperar un promedio de 670 días (22 meses) para la expedición de la resolución de inclusión en el RESO».
Otro cuello de botella que advierte la Contraloría es la débil trazabilidad del curso que siguen los expedientes en los procesos de adjudicación y formalización de tierras. Hay deficiencias en la interoperabilidad de los sistemas de información entre entidades e incluso entre dependencias de la ANT.
Asimismo, dice que hay una limitada oferta de tierras, para entregar a quienes las requieren.
De otro lado, el ente de control aseguró que la adjudicación de predios baldíos y de bienes fiscales a personas naturales bajó considerablemente con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hasta llevarlos a menos de un año en 2022 y 2023, “con el mérito adicional de gestionar miles de expedientes anuales y no decenas o centenas como las entidades antecesoras”.
La entidad recordó que a hoy se han formalizado cerca de 1 millón 700 mil hectáreas y la meta del Acuerdo de Paz es formalizar 7 millones de hectáreas. Y, según los datos de la ANT, unas 51.522 familias han finalizado el trámite de formalización.