La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yuli Andrea García González, que habría utilizado una empresa legalmente constituida para “limpiar” millones de dinero vinculado a presuntas actividades de contrabando y hacerlo parecer legal. Esta persona es investigada por el presunto lavado de activos producto de contrabando.
Las autoridades comenzaron a hacerle un seguimiento a García González después de que notaron que una empresa de la que era representante legal habría tenido un par de captaciones realizadas por la Dian.
Los investigadores de la Fiscalía General les pusieron la lupa a los estados financieros de la empresa y descubrieron que, la procesada habría prestado su nombre y el de una empresa de la que era representante legal entre 2018 hasta 2022, había estado a cargo del ingreso de múltiples electrodomésticos, artículos para realizar deporte y hasta gafas provenientes de China.
Los análisis financieros evidenciaron que ni la procesada, ni la importadora, de la que García González era su única accionista, contaban con el músculo financiero para realizar los movimientos económicos que soportaran el ingreso de los referidos cargamentos a territorio nacional. En tal sentido, la mujer no logró demostrar el origen lícito del capital que apalancó las operaciones financieras.
Basadas en esas pruebas, las autoridades concluyeron que Yuli Andrea García estaría vinculada a labores de contrabando y que en ese lapso de cuatro años habría “limpiado” aproximadamente 13.000 millones de pesos generados con esa actividad irregular.
“Ha quedado claro que participó activamente como representante legal y accionista 100 por ciento, permitiendo con su actuar que a través de esta empresa se moviera dinero que no cuenta con los soportes lícitos que demuestren que los mismos obedecen al momento social de la empresa”, explicó la fiscal del caso.
Asimismo, aseveró que la prueba reina que sustentaría que Yuli Andrea García tuvo conocimiento de todo sería que presentó documentos ante la Dian para tratar de evitar que le represaran la mercancía decomisada. Un par de estas actuaciones estableció que se trataría de contrabando por más de 300 millones de pesos.
El ente acusador imputó a Yuli Andrea García González los delitos de lavado de activos y contrabando, cargos que no fueron aceptados. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelaria para la procesada, determinación que apeló la defensa.