Una mujer y sus cinco hijos, integrantes de una familia que fue desplazada por los paramilitares en Puerto Rico (Meta), será compensada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), tras ser reconocida como víctima de abandono forzado del predio de 274 metros cuadrados ubicado en el barrio El Jardín. Así lo dispuso el Tribunal Superior de Bogotá, que además declaró como segundo ocupante a quien actualmente reside en la vivienda.
En el año 2003, la mujer y su esposo adquirieron el lote mediante cesión realizada por la Alcaldía Municipal. En él hicieron algunas mejoras para habitarlo junto con sus hijos. La tragedia para esta familia comenzó dos años después, por cuenta de la presencia de las autodefensas, que comenzaron a asecharlos a tal punto que, por orden del comandante conocido con el alias de ‘Pantera’, irrumpieron en la vivienda y agredieron físicamente a la mujer, quien resultó hospitalizada por las heridas que le dejaron en la cabeza.
Ante las amenazas, la familia se vio obligada a desplazarse hacia el municipio de Lejanías. Entre tanto, otra persona inició la ocupación del predio abandonado, argumentando había adquirido la propiedad el año 1998 y que también fue víctima del conflicto armado.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la familia desplazada acudió a la URT para que llevara la reclamación ante la justicia. En efecto, como resultado del trabajo de la entidad, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución mediante compensación a la familia víctima de abandono forzado de su predio. Por lo tanto, la URT le comprará a sus integrantes una nueva vivienda en el sitio que elijan y tendrán derecho a la oferta institucional del Estado en materia de reparación Integral.
Así mismo, el tribunal consideró que el opositor es sujeto de protección porque también es víctima del conflicto armado; lo declaró como segundo ocupante, porque demostró que no tuvo ninguna relación con el despojo o abandono forzado del bien inmueble, lo que significa que continuará ejerciendo el dominio del predio y también tendrá derecho a la oferta institucional del Estado.
Este fallo representa un paso significativo hacia la justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en el Meta. La URT reafirma su compromiso con los solicitantes y continúa trabajando para restablecer sus derechos territoriales.