En un contundente operativo liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, fue desarticulada una red criminal que se dedicaba a alterar las fechas de vencimiento de medicamentos caducados y comercializarlos de forma ilegal en Santander y Villavicencio (Meta).
Esta red delictiva es señalada de obtener medicamentos vencidos, descompuestos o de uso institucional, cuya venta está prohibida: alterarlos en su presentación y comercialización a través de empresas dedicadas a la distribución de productos farmacéuticos y cosméticos.
Los medicamentos, muchos provenientes de Venezuela o adquiridos de instituciones de salud colombianas, según detallaron las autoridades, eran manipulados de manera insalubre antes de ser distribuidos en farmacias y establecimientos no regulados.
Estos medicamentos, que incluían fórmulas de uso institucional y productos con restricción médica, eran trasladados a oficinas clandestinas en Bucaramanga y Barrancabermeja, desde donde se realizaba su distribución. Durante los procedimientos fueron incautadas 598.429 unidades de medicamentos y 125 cajas de tapabocas.
Se trata de los hermanos Belisario y Abelardo Adarme Jaimes, Édgar Mauricio Pico Cavarique, Geny Marcela Acuña Alarcón y Javier Alberto Mantilla Torres. Por lo que, un fiscal del Grupo de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico; y enajenación ilegal de medicamentos, cargos que fueron aceptados.
Asimismo, el fiscal señaló que Belisario Adarme Jaimes sería el cabecilla de la estructura delincuencial y que «tendría a su cargo la coordinación de la obtención de los medicamentos, algunos en territorio venezolano o en instituciones prestadoras de salud, y de las modificaciones para ponerlos a la venta en droguería y dispensarios de entidades de salud. De otra parte, su hermano estaría implicado en la comercialización de los productos en Villavicencio y otras ciudades».
De acuerdo con las evidencias recolectadas, Geny Marcela Acuña Alarcón, presuntamente se encargaba del proceso de borrado de sellos, registros y fechas de vencimiento, y de alterar la apariencia de los medicamentos de manera rústica, con químicos y sin las mínimas condiciones de salubridad para darle una apariencia de autenticidad. Los otros dos señalados integrantes tendrían a su cargo labores relacionadas con la adquisición y transporte de los medicamentos.
La magnitud de esta incautación evidencia el alcance de la red, que tenía capacidad para distribuir grandes cantidades de productos ilícitos en el mercado nacional. El director de la Fiscalía en Santander subrayó que los medicamentos adulterados, además de ser ineficaces, representan un riesgo significativo para la salud pública.
“Estos productos no solo carecen de los principios activos necesarios, sino que, en muchos casos, contienen sustancias nocivas que pueden agravar las condiciones de los pacientes”, afirmó. Asimismo, reiteró que las autoridades continuarán trabajando para desmantelar estas redes que lucran a costa de la salud de la población.
El delito de corrupción de productos médicos puede conllevar penas de hasta 12 años de prisión, mientras que el concierto para delinquir y la enajenación ilegal de medicamentos podrían agravar las sanciones. Según el ente acusador, este caso también servirá para reforzar las políticas de control y regulación en el sector farmacéutico.
