El Ministerio de Educación de Colombia ha salido al paso para desmentir las afirmaciones de la congresista Juvinao, quien aseguró que el gobierno le debía más de $1 billón de pesos a instituciones de educación superior del país. Según el Ministerio, esta afirmación es falsa y no refleja la realidad del presupuesto educativo.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Educación destacó que el presupuesto educativo para 2024 fue de $70,4 billones de pesos, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. De este monto, $23,4 billones de pesos fueron destinados a la educación superior, lo que representa un aumento del 15% en comparación con el año anterior.
Además, el Ministerio señaló que se han realizado importantes inversiones en la educación superior en los últimos años. Por ejemplo, en 2023 se invirtieron $10,2 billones de pesos en la construcción y mejora de infraestructura educativa, lo que benefició a más de 100 instituciones de educación superior.
La congresista Juvinao había hecho un análisis crítico sobre la situación, destacando que a pesar de que el Congreso aprobó un presupuesto histórico para el sector educativo en 2024, aún existían problemas de financiación en las instituciones de educación superior. Sin embargo, el Ministerio de Educación asegura que se están tomando medidas para abordar estos problemas y mejorar la situación financiera de las instituciones.
En cuanto a la deuda que se suponía que el gobierno tenía con las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación señaló que no existe una deuda de $1 billón de pesos. En realidad, la deuda total del gobierno con las instituciones de educación superior es de aproximadamente $150.000 millones de pesos, lo que es un monto significativamente menor al que se había afirmado.
En conclusión, el Ministerio de Educación responde a las afirmaciones de la congresista Juvinao sobre la deuda del gobierno con las instituciones de educación superior. El Ministerio asegura que se está trabajando para mejorar la financiación de las instituciones y garantizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y transparente.