En diferentes lugares del país, se han identificado casos en los que grandes extensiones de tierra son adquiridas, parceladas y posteriormente comercializadas. Sin embargo, cuando las autoridades de planeación empiezan a investigar, se argumenta que no se trata de venta de lotes sino de proyectos productivos organizados bajo figuras asociativas, con o sin ánimo de lucro.
Esto genera interrogantes sobre si algunas de estas estructuras están siendo utilizadas para evadir normativas urbanísticas, ambientales y comerciales. En estos escenarios, tanto la Superintendencia de Sociedades como la Superintendencia de la Economía Solidaria podrían intervenir para verificar si estas entidades realmente cumplen con su objeto social o si, en la práctica, están siendo utilizadas con otros fines.
Desde el punto de vista legal, existen herramientas como el levantamiento del velo corporativo, que permiten analizar a fondo la operatividad de estas entidades. Esto incluye la revisión de libros contables, actas de reuniones, estructura organizativa y la gestión de sus recursos. Asimismo, en ciertos casos, las autoridades podrían determinar si se configuran actividades comerciales encubiertas o captación irregular de recursos.
La vigilancia y el control sobre este tipo de prácticas son fundamentales para garantizar un desarrollo territorial ordenado y legal. La comunidad también tiene un papel clave en la denuncia de irregularidades que puedan estar afectando la planificación y el acceso justo al suelo.
¿Qué opinan sobre este tema? ¿Se necesita un mayor control en estos casos? 💬