La Corte Constitucional anuló la intervención del Gobierno a la EPS Sanitas, al considerar que se vulneraron garantías del debido proceso. La medida había sido impuesta por la Superintendencia de Salud en abril de 2024 y prorrogada en 2025, argumentando problemas financieros y múltiples quejas de usuarios.
Durante la intervención, las quejas aumentaron un 19 %, superando las 20.000 mensuales. Sanitas denunció que la medida fue arbitraria y que dejó a la entidad en una situación crítica, afectando la atención y generando un deterioro en la calidad del servicio.
El grupo Keralty, propietario de Sanitas, anunció que tomará acciones legales para reclamar los daños causados. También advirtió que, si el Estado no cumple con sus obligaciones financieras, podrían desistir de seguir operando en el país.
Sanitas espera recibir la sentencia completa en los próximos días para retomar el control operativo. Mientras tanto, deberá recomponer la atención a sus más de 5,7 millones de afiliados, especialmente en regiones como Santander, donde se reportaron graves afectaciones.
El Gobierno, por su parte, acató el fallo, pero el presidente Petro reiteró su crítica al modelo de EPS. Afirmó que el sistema actual “devora el erario” y que su propuesta sigue siendo eliminar la intermediación financiera en salud.