El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la presentación de una reforma constitucional que propone implementar la castración química para personas condenadas por violación, en respuesta al caso del asambleísta Santiago Díaz Asque, del movimiento Revolución Ciudadana, denunciado por presuntamente abusar de una menor de edad.
Aunque el texto propuesto a la Asamblea no se ha dado a conocer, el mandatario conservador adelantó en un mensaje en X: «Los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel, y eso es lo que plantea la reforma constitucional que acaba de ser enviada».
La Fiscalía investiga al asambleísta Santiago Díaz Asque por la presunta violación de una niña, un delito que en Ecuador se castiga hasta con 22 años de cárcel.
Esta propuesta busca aplicar tratamientos hormonales que reduzcan la libido y los niveles de testosterona en violadores condenados, como medida para prevenir la reincidencia. Además, plantea la creación de un registro reservado de agresores sexuales, con el fin de evitar su posterior vinculación laboral con menores.
Según el Consejo de la Judicatura de Ecuador, entre 2014 y 2025 se han registrado 71.270 procesos judiciales por delitos sexuales, el 22 % de ellos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
El caso que motivó la iniciativa involucra al legislador alterno Santiago Díaz Asque, quien reemplazó a Priscila Schettini en la Asamblea. Tras la denuncia en redes sociales por presunta violación de una menor de 12 años, el movimiento Revolución Ciudadana anunció su expulsión inmediata, condenando el hecho y exhortando a las autoridades a investigar con celeridad.
Díaz Asque, con una trayectoria como asesor presidencial y coordinador de inteligencia durante el gobierno de Rafael Correa (2007–2017), había reportado un patrimonio de más de $550 mil dólares en su última declaración patrimonial. En redes sociales negó los hechos y solicitó una licencia sin sueldo mientras enfrenta el proceso legal.
Noboa señaló: “Ahora será el turno de la Asamblea, el país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger abusadores”.
¿Y en Colombia?
La castración química también ha sido tema de discusión legislativa en Colombia. Desde 2016, se han presentado al menos tres proyectos de ley que proponían esta medida para agresores sexuales de menores.
En 2018, el Senado aprobó una versión que proponía su aplicación voluntaria, junto con el aumento de penas hasta 41 años y la creación de un registro nacional de abusadores sexuales, con monitoreo policial. Sin embargo, el proyecto fue archivado por incompatibilidades constitucionales, falta de respaldo del Consejo Superior de Política Criminal y dudas sobre su efectividad científica y ética.
Expertos colombianos han señalado que se requiere un enfoque clínico y psicoemocional, más allá de una intervención farmacológica como única respuesta al delito.
Implicaciones regionales
El anuncio de Noboa vuelve a posicionar a América Latina en el debate internacional sobre penas alternativas para delitos sexuales. Países como Polonia, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos (en algunos estados) aplican este tipo de tratamiento bajo condiciones judiciales estrictas.
Con esta reforma, Ecuador se suma a un esfuerzo por endurecer las sanciones penales frente a la violencia sexual, especialmente contra menores, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre la necesidad de mantener garantías constitucionales y procesos judiciales justos.