Una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, junto a otras siete personas presuntamente involucradas en un esquema de corrupción que afectó gravemente los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la Fiscalía General de la Nación, Manrique habría recibido $3.000 millones por direccionar un contrato suscrito en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú, para el suministro de 40 carrotanques destinados a comunidades indígenas en La Guajira. El contrato presentó sobrecostos por $13.164 millones, comprometiendo recursos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, por un total de $100.000 millones.
Los contratos también incluían la adquisición de plantas desalinizadoras, construcción de pozos de agua potable, interventorías técnicas y servicios de topografía a nivel nacional, todos presuntamente direccionados por los implicados en el proceso.
Además de Manrique Soacha, fueron asegurados contratistas, familiares, asesores y representantes de la Corporación Mixta Yapurutú, entre ellos: Édgar Eduardo Riveros Rey, Ana María Riveros Barbosa, Sonia Rocío Romero Hernández, Jorge Aristizábal Rodríguez, Édgar Echeverri Toro, Francisco Javier Estupiñán Bravo y Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Los delitos imputados incluyen peculado por apropiación, interés indebido en contratación, lavado de activos, concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. La investigación está liderada por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, y revela un desvío millonario de fondos públicos que pone en riesgo la ejecución de proyectos fundamentales para poblaciones vulnerables.