El Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá emitió el 1 de agosto de 2025 una sentencia en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenándolo a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Esta decisión marca un precedente en la historia judicial de Colombia, siendo la primera vez que un exmandatario es condenado penalmente.
La jueza Sandra Heredia, encargada del caso, también impuso una multa de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación de 100 meses y 20 días para ejercer funciones públicas. El fallo contempla el beneficio de prisión domiciliaria, que deberá cumplirse en su residencia en Rionegro, Antioquia, bajo condiciones específicas de vigilancia y cumplimiento judicial.
El proceso judicial se remonta al año 2012, cuando Uribe denunció al congresista Iván Cepeda, lo que desencadenó una investigación que terminó revelando presuntas manipulaciones de testigos y actuaciones indebidas en el proceso penal. Aunque fue absuelto de algunos cargos, como el caso relacionado con la exfiscal Hilda Niño Farfán, la condena se sostiene por múltiples conductas de soborno y fraude.
Las reacciones políticas han sido intensas y divididas. Mientras algunos sectores consideran la sentencia como un acto de justicia, otros la califican como una persecución política cargada de sesgos. La defensa de Uribe anunció que apelará la decisión y podría llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia.