Una juez penal de circuito de conocimiento ratificó la condena de 29 años de cárcel emitida contra el coronel (r) Benjamín Darío Núñez Jaramillo, luego de que confesara su responsabilidad en la masacre de tres jóvenes en Chochó (Sucre), hechos ocurridos el 25 de julio del 2022.
Ante las pruebas recolectadas por los investigadores, el excomandante operativo de la Policía Nacional en Sucre suscribió un preacuerdo con la Fiscalía General y aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica en documento público; y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
La investigación liderada por fiscales del Grupo del Homicidios Colectivos determinaron que el coronel le disparó a los jóvenes mientras estaban en un vehículo oficial. De igual forma, los investigadores lograron probar que el día de los hechos las víctimas fueron detenidas en vía pública, golpeadas y obligadas a subir al vehículo de la Policía.
“El material de prueba evidencia que en el trayecto del lugar de la detención a la Estación de Policía en Sincelejo, el hoy condenado disparó con su arma de dotación a los tres jóvenes que se encontraban indefensos. Luego, fueron llevados hacia el hospital donde llegaron sin vida”, indicó la Fiscalía General.
Luego de reconstruir los hechos y con base en los testimonios practicados por los fiscales, se estableció que el coronel le pidió a los uniformados que presenciaron los graves hechos, que registraran información falsa.
El objetivo era alterar los informes respectivos para hacer pasar a los tres jóvenes como supuestos integrantes de una organización criminal, que recientemente había asesinado a un uniformado en Sampués (Sucre).
“Además, se determinó que incidió para que fueran ocultados los orificios y rastros que dejaron en el vehículo el uso del arma de fuego, para intentar desviar las investigaciones”, señaló la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Obando Guerrero.
En la misma sentencia, el coronel Benjamín Nuñez deberá pagar una multa superior a los 100 millones de pesos y cumplir la pena en el centro de reclusión definido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).