En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se lograron identificar 506 bienes que estarían relacionados con el cartel del norte del Valle, una organización criminal dedicada al narcotráfico. Según las investigaciones, estos bienes, valorados en más de 92,000 millones de pesos, habrían sido adquiridos con recursos provenientes del tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Entre los activos identificados se encuentran 42 inmuebles urbanos y rurales, 17 vehículos, 443 semovientes, dos sociedades, un establecimiento de comercio y dinero en efectivo. Las autoridades llevaron a cabo diligencias de ocupación en varias regiones, como Cauca, Meta, Risaralda y Valle del Cauca. Para garantizar el control sobre estos bienes, se impusieron medidas cautelares, como embargo, secuestro y toma de posesión.
Adicionalmente, las investigaciones revelaron intentos de los presuntos propietarios de ocultar el origen ilícito de los bienes mediante transferencias a terceros. Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y en el desmantelamiento de estructuras criminales.
Según el ente acusador, estos bienes habrían sido adquiridos mediante maniobras ilícitas, utilizando recursos generados por el envío de cargamentos de cocaína desde los puertos de Buenaventura y Cartagena hacia el extranjero.
Las investigaciones relacionadas con el cartel del norte del Valle revelaron intentos de los presuntos propietarios de los bienes para realizar transacciones comerciales que transferían la titularidad de estos activos a terceros. Esta estrategia tenía como objetivo evitar su rastreo por parte de las autoridades y ocultar su origen ilícito.
Frente a esta situación, las autoridades impusieron medidas cautelares estrictas, tales como la suspensión del poder dispositivo, el embargo, el secuestro y la toma de posesión de los bienes. La administración de estos activos quedó a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), institución encargada de gestionar los recursos incautados provenientes de actividades ilícitas, garantizando su manejo adecuado dentro del marco legal.