Dos jueces de control de garantías dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario a dos presuntos responsables del asesinato de la defensora de derechos humanos María Elvia Gómez de Gil y del líder comunal Osvaldo Eliecer Bula.
Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en abril y noviembre de 2022 en los departamentos de Antioquia y Córdoba, respectivamente.
El ente acusador judicializó ante un juez de control de garantías de Guatapé a Keivi Loaiza Avendaño, presunto responsable del asesinato de María Elvia Gómez de Gil, de 62 años, quien murió estrangulada el 30 de abril de 2022 en su casa, ubicada en la vereda La Magdalena, en El Peñol (Antioquia).
«La mujer fue doblegada por tres hombres que llegaron a su vivienda que hurtaron sus pertenencias y la asesinaron», explicó la Fiscalía General.
Loaiza Avendaño fue imputado como posible responsable de los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado y agravado. Tras solicitud de la Fiscalía el juez de garantías impuso al procesado medida de aseguramiento en centro carcelario.
En junio de 2023 ya había sido judicializado otro hombre presuntamente vinculado con el homicidio de la defensora de derechos humanos. Se trata de Juan David López García, que fue imputado por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) por los delitos de homicidio agravado, y hurto calificado y agravado.
Por su parte, un fiscal de la UEI imputó a Antonio Javier Suárez Esquivel, alias Yolimo, presunto integrante del Clan del Golfo, al parecer, estaría implicado en el asesinato del líder comunal Osvaldo Eliecer Bula, ocurrido el 05 de noviembre de 2022 en Montería (Córdoba).
Según la investigación, la víctima fue atacada con armas de fuego por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta.
Indepaz, señaló que, Bula es la víctima número 169 registrada en el listado de líderes sociales asesinados en 2022 y la número 1.396 desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las extintas Farc en 2016.
El señalado por su homicidio es investigado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Por decisión de un juez, deberá permanecer privado de la libertad mientras se resuelve su situación jurídica.