Este jueves, 10 de octubre, una comunidad llevó a cabo una manifestación pacífica en contra de la operadora Green Power. Aunque la protesta se desarrolló de manera pacifica, bajo las órdenes del alcalde Camilo Abril, la Policía Antidisturbios, a través de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), irrumpió en una manifestación pacífica en la vereda San Luis de Ariporo, en el municipio de Paz de Ariporo.
Durante esta intervención, de manera arbitraria se detuvieron a seis personas de la comunidad (dos mujeres y cuatro hombres), dos de los cuales son mayores de 70 años y siendo transportadas en una buseta policial. La situación se complica aún más al revelarse que, en medio de la acción, se encontraba presente la socia de Green Power en el vehículo del inspector, lo que ha generado sospechas sobre la influencia de la empresa en la intervención policial.
Derechos vulnerados:
- Derecho a la protesta pacífica (Art. 37 de la Constitución Política de Colombia): La comunidad ejercía su derecho a manifestarse pacíficamente, el cual fue vulnerado con el uso injustificado de la fuerza.
- Derecho a la integridad personal (Art. 12 de la Constitución): El uso de la violencia por parte de la policía afectó la integridad física y mental de los manifestantes.
- Derecho a la libertad personal (Art. 28 de la Constitución): La detención de seis miembros de la comunidad, sin causa justificada y sin el debido proceso, viola su derecho a la libertad.
Normativa violada por la Policía Nacional:
- Decreto 003 de 2021 y Decreto 145 de 2023 y decreto 1231 de 2024: Estos decretos regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, estableciendo que debe ser proporcional, necesaria y respetuosa de los derechos humanos. En este caso, el uso de la fuerza en una manifestación pacífica fue desproporcionado y contrario a los principios establecidos por la ley.
- Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia): La intervención de las autoridades en manifestaciones debe priorizar el diálogo y la mediación, no la violencia. El involucramiento de una representante de Green Power en el proceso genera dudas sobre la imparcialidad de las acciones policiales.